Los cómplices (II). Los terratenientes y la Guardia Civil, la voz de su amo.

“Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra. Al parecer, hemos sido nosotros, los conservadores, quienes hemos ganado las elecciones.”

Estas palabras fueron pronunciadas, según se dice, por un cacique andaluz tras hojear los resultados de las elecciones y anunciarlas a sus expectantes correligionarios. Tanto si la anécdota resultó cierta como si no, ilustra perfectamente lo que la oligarquía terrateniente venía haciendo en España para aprovecharse de un sistema político corrupto que alternaba en el poder unas veces al Partido Conservador y otras al Liberal.

La proclamación de la República y las transformaciones de orden democrático que llevó anejas quedaron reflejadas en aspectos como la participación plena de tendencias políticas hasta entonces marginadas como los partidos republicanos y el socialismo, y el establecimiento de una legislación electoral más justa y participativa. Aunque nunca desapareció del todo, el sistema caciquil de los terratenientes agrarios tuvo que transformarse para organizarse en defensa de sus intereses a través de partidos capaces de competir en la nueva situación.

Desde que la Constitución se promulga y aparece la posibilidad de que se vote una ley de reforma agraria, el objetivo esencial y primario de la derecha española es impedir que ese proyecto llegue a ser ley; y si llega, impedir que se aplique.

El 70% de la población se encontraba en el medio rural, la mayoría en condiciones penosas, con hambrunas periódicas entre cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra estaban en manos de grandes y medianos propietarios. En la mitad sur el 75% de la población tenía el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%. Los que las explotaban, pues el 38% de la tierra cultivable permanecía sin cultivar, lo hacían con mano de obra jornalera, con sueldos de miseria de dos o tres pesetas diarias. En el mejor de los casos los jornaleros de Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al año. La posición de la agricultura en la economía nacional era decisiva. Aportaba el 50% de la renta nacional y constituía 2/3 de las exportaciones. Los métodos de explotación eran muy primitivos y la existencia de una gran población jornalera hacía que los terratenientes obviasen la introducción de maquinaria moderna.

Para la derecha, cualquier posibilidad por pequeña que fuese, de cambiar las relaciones de producción en el campo, de poner en entredicho una posición de privilegio que nadie había querido o podido amenazar hasta entonces, era un peligro que había que evitar por cualquier medio, incluida, claro está, la violencia. De ahí que torpedeasen continuamente todo tipo de reformas.

La estrategia estaba clara: dificultar el proceso en virtud de una doble acción conjugada (la táctica de la tenaza): por una parte retrasando legalmente el proceso, oponiéndole la infinidad de los plazos y recursos legales que le proporcionaba la legislación republicana, y por otra enfrentando a los campesinos con la República, lógicamente descontentos y defraudados ante la frustración de las expectativas que había generado desde los primeros momentos la prometida reforma agraria, tan difundida por los políticos republicanos. Cuando el descontento se “pasaba de la raya”, ocasionando huelgas u ocupaciones de tierras, entraba en acción la Guardia Civil, una policía armada rural creada con el fin de luchar contra el bandolerismo en el campo pero que en la práctica era la encargada de defender los latifundios y los intereses de los terratenientes frente a los braceros, jornaleros y arrendatarios de las tierras.

Las elecciones de 1933, en las que mi abuelo Feliciano Lapuente salió elegido concejal del Ayuntamiento de Torrellas por el Partido Socialista, fueron más que un simple combate parlamentario. La oligarquía terrateniente sabía lo que estaba en juego. En centenares de aldeas y pueblos las elecciones fueron libres sólo formalmente. Los campesinos analfabetos (el 65 % de los españoles no sabían leer ni escribir) fueron informados de que si el candidato del terrateniente no ganaba perderían su trabajo y amenazando a los arrendatarios con arrojarles de la explotación de la tierra si sacaban adelante la Ley de la Reforma Agraria.

Una cosa era legislar desde el Parlamento, en un Madrid muy lejano, y otra muy distinta, llevar a cabo las reformas en la realidad de pequeños pueblos como Torrellas y otros de la comarca. Mi abuelo y otros militantes socialistas lucharon a brazo partido para hacer que se cumpliera la Ley de Términos Municipales y la de Jornada Máxima que establecían, respectivamente, la obligatoriedad de contratar a los jornaleros de la localidad y una jornada laboral de ocho horas, remunerando mejor las horas extraordinarias que superasen dicho horario. El excelente funcionamiento de la Bolsa de Trabajo de Torrellas evidencia que sus desvelos se vieron recompensados.

La lentitud y el poco éxito de la reforma agraria en la etapa republicana empezaron a cambiar con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Pero ya la suerte estaba echada. A partir de julio, con el golpe fascista, la Guardia Civil y los grupos paramilitares como la Falange, nutridos en parte con los hijos de los terratenientes, comenzaron su particular y más deseado trabajo en los campos. La siega de cientos, de miles de espigas humanas preñadas de esperanza.

Fue el fin del sueño para los que nada tenían. Fueron Quijotes luchando contra molinos demasiado poderosos.

Pero aquello no fue una derrota.

Sólo se pierden las luchas que no se empiezan.

Dedicado a mi amigo Francisco, alias Lux Aeterna, por su apoyo y su solidaridad con la temática de este blog y por las similitudes, salvando las naturales diferencias, con la situación de la agricultura en su país, Argentina, necesitado también de una Reforma Agraria justa.

(*) Muchos guardias civiles, en honor a la verdad, se mantuvieron fieles a la República, dando incluso la vida por sus ideales. Aún no se les ha tributado, que yo sepa, el homenaje que merecen. Por otro lado, la actual Guardia Civil dista mucho de ser el instrumento represivo que fue. Pero fueron, junto con los matarifes falangistas, los autores materiales del asesinato de mi abuelo y de sus compañeros y de los de tantísimos otros como ellos. Eso, ni puedo ni quiero olvidarlo.

(**) El grabado se titula “¡Para que levanten el puño…!”. Pertenece a la colección Atila en Galicia, realizado por Alfonso Castelao en 1937.

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Los cómplices. La Iglesia y Franco: un pacto de sangre.

"¿Por qué, Señor, has tolerado esto?",

se preguntaba el 28 de mayo de 2006 el papa Benedicto XVI tras la visita al campo de concentración polaco de Auschwitz, donde se gaseó a centenares de miles de hombres, mujeres y niños, la mayoría judíos.

La Iglesia católica española necesitaría hacerse la misma pregunta 73 años después del inicio de la Guerra Civil. La Iglesia amparó, silenció y ocultó la guerra de exterminio dirigida contra los republicanos por los militares sublevados en nombre de la patria y de la religión. Después, feliz y gozosa con todos los privilegios que le proporcionó la dictadura de Franco, nunca quiso saber nada de las víctimas del otro lado y rodeó a sus mártires de una mitología y de un ritual que dura hasta la actualidad.

Para muchos la iglesia católica era una institución oscurantista, un poder paralelo, que se oponía al desarrollo del país. Controlaba al pueblo desde el púlpito y el confesionario, especialmente en el medio rural, en el que tradicionalmente había menos cultura. La mayor parte de los centros de enseñanza estaban en sus manos. La República intentó limitar su presencia al campo estrictamente espiritual. Para ello, con el apoyo de las clases medias progresistas y del movimiento obrero, se propusieron una serie de medidas para la creación de un estado laico.

Esto chocó, naturalmente, con la oposición frontal de la iglesia y de un sector importante de la población católica. Estaba en juego el modelo de sociedad, donde se mantuviese la tradicional presencia de la iglesia en todos los campos de la sociedad civil, o una sociedad laica, donde la iglesia se retirase a los asuntos meramente espirituales. Sin embargo, la mayor parte de las reformas propuestas por los gobiernos republicanos encontraron una importante oposición por parte de los poderes oligárquicos del país. El ejercito, la iglesia, el gran capital y las fuerzas conservadoras y monárquicas vieron peligrar su tradicional estatus preponderante y se opusieron por todos los medios a su alcance a este progreso. Ya en 1932 hubo un intento de golpe de Estado.

Así se llega al “glorioso alzamiento nacional” de julio de 1936. En los pueblos y ciudades donde fracasó el golpe de Estado, muchos eclesiásticos fueron asesinados y una buena parte de las iglesias y santuarios fueron incendiados, saqueados o profanados. Esta fue la razón esgrimida por la iglesia para justificar su alianza con los militares. Sin embargo, los fundamentos de esta alianza estaban establecidos desde mucho antes. El catolicismo español había estado siempre identificado con el conservadurismo más rancio de la sociedad. Era pues, comprensible, el apoyo de la iglesia al bando sublevado.

La complicidad del clero con el terror militar y fascista fue absoluta, La violencia de los militares sublevados era legítima porque "no se hace en servicio de la anarquía, sino en beneficio del orden, la patria y la religión", declaró ya el 11 de agosto de 1936 Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza, cuando todavía no podía conocerse el alcance del anticlericalismo. Así, la iglesia elaboró el mito de la “Cruzada” religiosa,...

...una guerra de liberación contra los males de la sociedad, el "laicismo-judío-masónico-soviético". Bendecía así la masacre de los “rojos”, los nuevos “infieles”. Y convertía a Franco, hombre providencial, en el nuevo Don Pelayo.

En cuanto a lo puramente local, baste decir que en toda la comarca de Tarazona y el Moncayo no hubo ni quemas de conventos ni asesinatos de sacerdotes. La vida cotidiana de los pequeños ayuntamientos se limitó a ir haciendo realidad algunas de las propuestas laicistas de la República. Concretamente en Torrellas, como en otros muchos pueblos de la comarca, se prohibió la asistencia de las autoridades, en cuanto tales, a los actos religiosos, aunque podían asistir a título personal, pues se había decretado la libertad de culto. En 1932 la corporación decidió no autorizar las procesiones, excepto la del Santo Entierro, reduciendo los actos religiosos a las celebraciones dentro de la iglesia. Otras medidas fueron correr sólo con los gastos profanos –lidia de novillos y banda de música- de las fiestas mayores, mientras que la iglesia se haría cargo de los religiosos –misas y rosarios- que hasta entonces salían del presupuesto municipal. Por último, los nombres religiosos de las calles se cambiaron por otros de carácter republicano.

Estoy seguro de que estas “vejaciones” no fueron olvidadas jamás por los curas de los pueblos ni por el obispo de Tarazona. En cuanto pudieron se cobraron una abultada factura. Desde el último cura hasta el obispo, oían los disparos, veían cómo se llevaban a la gente, les llegaban familiares de los presos o desaparecidos, desesperados, pidiendo ayuda y clemencia. Y salvo raras excepciones, la actitud más frecuente fue el silencio, voluntario o impuesto por los superiores, cuando no la acusación o delación. Ni un solo gesto a favor del perdón y la reconciliación.

Todo esto ocurría hace 73 años. Sin embargo la iglesia sigue celebrando ese pasado que tuvo poco de heróico y glorioso. Mientras que muchos de sus “mártires” han sido ya beatificados y la jerarquía eclesiástica reclama que sean elevados a los altares muchísimos más, las familias de miles de republicanos asesinados sin registrar, que nunca tuvieron ni tumbas conocidas ni placas conmemorativas, andamos todavía buscando sus restos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha apelado al olvido basado en "la reconciliación y perdón" para alcanzar "una auténtica y sana purificación de la memoria". Sin embargo, para perdonar se necesita un reconocimiento de la culpa, un arrepentimiento y una petición de perdón.

A día de hoy, aún las estamos esperando.

Además de las publicaciones ya nombradas en anteriores posts, quiero citar a Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, de quien he tomado algún párrafo publicado en el diario El País y en otras publicaciones. También me he inspirado en el estupendo libro El fin de la esperanza: Fascismo y guerra civil en la provincia de Teruel (1936-1939), de Angela Cenarro.

Los autores materiales de la violencia. Falangistas, los sicarios de Franco.

“No hay mejor dialéctica que la de los puños y las pistolas…”

En pocas ocasiones, encontramos una justificación explícita tan inequívoca en defensa del empleo de la violencia que en boca del propio padre del falangismo, José Antonio Primo de Rivera. Esta frase nos ayuda a penetrar en las profundas motivaciones que llevaron a Falange a asumir el papel más relevante en el programa represivo implantado por el régimen franquista. Aunque hubo varios grupos culpables de los asesinatos, militares, guardias de asalto, guardias civiles, requetés y otros, la imagen grabada en el recuerdo de muchos supervivientes y parientes de fusilados es la de un pelotón de falangistas, de “camisas azules”, dirigidos siempre por un mando de la guardia civil.

No deja uno de preguntarse las razones de tanta inquina, tanta rabia y tanto odio. El encarcelamiento y en muchos casos, el asesinato de los líderes falangistas en los primeros momentos de la sublevación, pudieran dar la clave de estas conductas tan agresivas y exaltadas, abonadas con la exaltación del martirologio. Pero parecería que tales comportamientos deberían haber cesado una vez satisfecha su ansia justiciera al fusilar arbitrariamente a los principales responsables del Frente Popular y demás relevantes opositores políticos de izquierdas.

¿Qué sentido tuvo pues la inmensa masa de miles de asesinados por estos matarifes fascistas, integrada por modestísimos obreros, jornaleros y personas con escasa significación en el organigrama republicano, como fueron mi abuelo y sus compañeros? ¿Cómo entender los recovecos psicológicos de una organización que se nutría de jóvenes de clase media urbana, -burócratas oportunistas, trepas, universitarios-, e hijos de terratenientes o grandes propietarios de los distintos pueblos, educados en las “buenas formas”? ¿Cómo justificar un “trabajo” policial que, aparte de la posibilidad de lucimiento de uniformes y pistolas, sólo les reportaba unos ingresos muy bajos con unos horarios desmedidos que implicaban largas caminatas, detenciones, apaleamientos, indagaciones e interrogatorios?

La explicación hay que buscarla en el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio. Había que instaurar un régimen de terror indiscriminado para evitar que el enemigo pudiera organizar la resistencia. Para la realización de una limpieza exhaustiva, esos contingentes armados que procedían de otras localidades, necesitaban la colaboración de los “caciques” locales, grandes arrendatarios o, en definitiva, de aquellos que hubieran sufrido amenazas a su poder durante la etapa republicana y estuvieran dispuestos a solventar definitivamente antiguos litigios, bien mediante el apoyo declarado a las nuevas autoridades, bien manchándose las manos. Sus denuncias y testimonios fueron determinantes para la ejecución o no de los desafectos.

El procedimiento empleado por los ejecutores consistía en detener, trasladar y fusilar a los detenidos en las tapias del cementerio municipal, sirviendo así de ejemplo al resto de la comunidad. En la mayoría de los casos los fusilamientos no se realizaron en los propios pueblos, asegurando así el anonimato de los verdugos, desarmando las posibilidades de reacción de las familias, extendiendo el miedo a los pueblos receptores y alargando la angustia y el desconcierto de las víctimas. Además esto ocasionó que muchas familias todavía hoy, 73 años después, desconozcan la fecha y el lugar exacto de la muerte. Los nuestros fueron inscritos así: “Cuatro desconocidos hallados muertos en los cabezos, enterrados en lo que fue cementerio civil”.

Mi abuelo y sus compañeros fueron asesinados en la primera etapa de la represión, la más salvaje, que abarca los meses de julio a diciembre de 1936. En apenas 6 meses se consumó el 82% de las muertes, escalofriante porcentaje que habla por sí solo de las intenciones fascistas exterminadoras de sus responsables, quienes vieron en la rapidez de las ejecuciones la única posibilidad de victoria sobre una retaguardia hostil en gran medida.

Una vez que la sociedad rural estuvo oportunamente pacificada, los pueblos como Torrellas volvieron a quedar al “cuidado” de las dos fuentes tradicionales de poder y represión de la protesta campesina, la guardia civil y los caciques, sin olvidarnos del omnímodo poder de los curas locales para quienes empezaba una época dorada.

Todo volvía a estar como debía, gracias a Dios y al Generalísimo.

Quiero citar las fuentes de las que he tomado frases textuales. Pertenecen a la estupenda página web “La Memoria de los Nuestros”, dedicada a los guerrilleros, maquis y víctimas en general de la represión franquista. Y también a mis dos “libros de cabecera” que me están ayudando a entender las causas de lo que llevo escribiendo en este blog. Se trata de El Asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza, de Julia Cifuentes y Pilar Maluenda, y de Los Años Silenciados. La II república en la Comarca de Tarazona y el Moncayo (1931-1936), de Roberto Ceamanos.

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...también les despojaron de su patrimonio.

Núm. 3721
BORJA
D. Rafael Guerrero Gisbert, Juez de instrucción de Borja e instructor del expediente que se expresará;
Hago saber: Que en el expediente que instruyo a virtud de designación (…) para declarar administrativamente la responsabilidad civil que deba exigirse a D. Marcelino Navarro Torres, vecino de Torrellas, hoy en ignorado paradero, por su oposición al triunfo del movimiento nacional y a virtud de lo que dispone (…), he acordado citar a dicho expedientado (…), requiriéndole para que dentro del término de ocho días hábiles comparezca aquel ante este juzgado y referido expediente, personalmente o por escrito, donde puede alegar y probar en su defensa lo que estime procedente, apercibiéndole que de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Dado en Borja a 30 de julio de 1937.- segundo Año Triunfal.- Rafael Guerrero.- El Secretario, Carmelo Molins.

Así comenzaba el proceso por el que se les abrían expedientes de responsabilidad civil a Marcelino, Gregorio, Luis y Feliciano. He destacado algunas expresiones que muestran la pantomima de una “justicia” franquista que, a sabiendas de que los nuestros habían sido asesinados casi un año antes por sus esbirros falangistas, venían a imponerles ahora un nuevo castigo, esta vez económico, en forma de la confiscación y el embargo de sus bienes.

El procedimiento constaba de cuatro informes, de carácter político, emitido por la Falange; moral, firmado por el párroco; patrimonial, expedido por el alcalde; y otro sobre comportamiento y antecedentes penales, que elaboraba la Guardia Civil. Se investigaban todas las actividades que hubieran realizado los expedientados hasta varios años antes de producirse la sublevación militar. No existía la figura del abogado defensor. Si acaso, el procesado podía esperar la buena acción de algún informante. Es decir, algún particular no sospechoso para el régimen que estuviera dispuesto a defender que era una persona de bien. Sin embargo, este sistema era caldo de cultivo para los delatores, que en muchas ocasiones se beneficiaban apropiándose de los bienes de aquellos a quienes denunciaban.

La financiación de la guerra exigía inmensas cantidades de dinero. Este dinero lo iban a obtener de los mismos a quienes consideraban que por su comportamiento habían desencadenado el golpe militar. Aún así, uno se abruma ante el derroche de burocracia, de la cantidad de material, trabajo y medios desplegados para realizar las pesquisas, las pruebas, las argumentaciones de jueces e inculpados…

El expediente de Gregorio Torres resolvió que el inculpado “era de ideas izquierdistas afecto al Frente Popular a cuyo servicio desempeñó el cargo de alcalde (…), habiendo contribuido con su posición social y prestigio a incluir aquellas ideas entre sus convecinos y con su actuación bien definida y meditada a ocasionar la situación que provocó el Alzamiento Nacional”. Por ello le impusieron una sanción de 5.000 pesetas, por aquel entonces una verdadera fortuna, que tuvo que hacer efectiva su viuda. Como sabían que Gregorio disfrutaba de una posición acomodada, no dudaron en investigar en todos los Registros de la Propiedad en busca de todas las tierras, casas y bienes que pudiera tener.

En el caso de Marcelino Torres, por mucho que buscaron no les quedó más remedio que admitir que nada podían incautarle, pues nada poseía. Además terminaron sobreseyendo el expediente ya que “aunque profesó ideas izquierdistas, no aparece acreditado que cometiera acto alguno de oposición al Glorioso Movimiento Nacional”, por lo que “se procede a sobreseer el expediente sin declaración de responsabilidad”.

A pesar de nuestra búsqueda en todo tipo de archivos, no hemos logrado encontrar todavía los expedientes de Luis Torres ni el de mi abuelo Feliciano Lapuente. Nos han informado que pueden haberse perdido o destruido. Seguiremos buscándolos, pues quizás aparezcan algún día y queremos saber qué “delitos” les imputaban.

Los pilares del franquismo se construyeron pues, no sólo con miles de muertes, sino también con la miseria de miles de familias que además de llorar la muerte de un ser querido tuvieron que ver cómo les despojaban de su patrimonio y afrontar el futuro con muy negras perspectivas.

De todo lo que hemos estado investigando hemos deducido pues dos consecuencias claras, que ya sabíamos. En primer lugar, que a Gregorio, Luis y Feliciano los asesinaron porque demandaban libertad, justicia y democracia. Y segundo, que a Marcelino lo mataron…por nada.

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Mil gracias a mis visitantes.

Play for change: “Stand by me” cantada por artistas callejeros de muchas partes del mundo.

Cuando hace escasamente dos meses y medio comencé esta aventura de poner en marcha un blog, ni se me pasó por la cabeza que su temática tan dura y a la vez tan localista pudiera interesar a tanta gente como lo ha hecho.
Hoy, cuando he visto que se ha llegado a las 1000 visitas y me he dado cuenta de la procedencia de todas ellas, tan diversa, he pensado en buscar un regalo que pudiéramos compartir entre todos, más allá de las distancias, no sólo físicas sino también culturales. Ese regalo es la música, que nos une a todos a pesar de nuestras diferencias.
Aquí os lo ofrezco, con la mano en el corazón, a quienes me acompañáis de contínuo con vuestros comentarios y vuestras palabras de ánimo, a quienes me leéis pero no dejáis más rastro de vuestra visita que un número más en el contador, a quienes nada más entrar echáis a correr...
A todos, gracias por estar ahí.

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Matarlos no fue suficiente...

El 20 de octubre de 1936, acabaron con la vida de nuestros abuelos. En ese momento comenzó el calvario de nuestras abuelas y de nuestras madres y padres, una larga travesía de penalidades y de duro trabajo, teniendo que convivir en Torrellas con quienes les habían asesinado, con los instigadores, con los cómplices, con los que habían mirado hacia otro lado…
No bastaba con que hubiesen asesinado a sus maridos, las viudas tuvieron también que soportar los malos gestos, la idea repetitiva de que habían sido ellos mismos los culpables de su propia muerte. Les impusieron el silencio y la prohibición de signos externos de luto. Les ocultaron dónde estaban enterrados y les negaron ofrecerles honras fúnebres y un entierro digno.
Si ya era duro sobrevivir en vida de nuestros abuelos, ahora, con las familias rotas, sin recursos para su mantenimiento y con hijos muy pequeños, sus viudas tuvieron que trabajar de sol a sol para salir adelante, tragándose las lágrimas, la rabia y la humillación. El silencio era sinónimo de supervivencia. A tanto llegó que, hasta que no fue mi madre muy mayor no se atrevió mi abuela a contarle cosas de su padre, “para que no te hicieran a ti también algo malo, prenda, si hablabas de él con otras personas” le decía llorando. Así sus ejecutores consiguieron no sólo eliminar físicamente a quienes se habían significado como republicanos, sino también instaurar un estado de terror colectivo y, de paso, eliminar todo rastro de su memoria.
La mujer de Luis Torres, Concepción, que se quedó viuda con dos hijos pequeños, perdió también a su hermano en Teruel. La desesperación hizo que su padre perdiera la razón y que su madre, de tanto llorar, sufriese una infección en los ojos que la dejó ciega.
La mujer de Gregorio, Narcisa, no hablaba nunca de lo que había pasado a su hijo Calixto, que tenía sólo 5 meses cuando fusilaron a su padre. Calixto era ya muy mayor cuando fué por primera vez al cementerio de Agreda, a escondidas y de noche. Así, furtivamente, a horas intempestivas, siguió haciéndolo hasta la llegada de la democracia.
Vitoriano y Félix, padre y hermano respectivamente de Marcelino Navarro, fueron a buscarle la mañana del día 20 de octubre y llegaron a ver los cadáveres de los cuatro en el monte, cerca de la carretera que unía Agreda con Torrellas. Sus asesinos ni siquiera les dejaron acercarse pero quizás, con su presencia, evitaron que fueran abandonados a la intemperie, a merced de los carroñeros o enterrados en una fosa que nunca hubiéramos podido localizar.
En cuanto a mi abuela Mercedes, que a la muerte de Feliciano tenía una hija de 3 años y se encontraba embarazada de mi madre, tuvo que realizar innumerables trabajos para salir adelante. Uno de ellos fue “ponerse a servir” en la mismísima casa de quien había sido una de las denunciantes de mi abuelo. Esto no llegó a saberlo hasta muchos años después, cuando ya aquella mujer había fallecido. Mi abuela solía decir que, de haberse enterado antes, “le habría sacado los ojos”. Estoy seguro de que lo hubiese hecho. Mi abuela no hablaba nunca por hablar.
También trabajó en una fonda de Agreda, donde se encontraba enterrado mi abuelo. Algunas tardes, después del trabajo, mi madre le decía “¡vamos a ver a papá!”. Entonces mi abuela, con sus dos hijas de la mano y a escondidas, iba hasta el cementerio al cual no se atrevían a entrar. Mi madre se encaramaba a la tapia y decía: “¿cómo va a estar ahí mi padre, si está lleno de basura y de escombros?”. A mi abuela se le saltaban las lágrimas al comprobar el abandono y la dejadez de la fosa común y por la imposibilidad de hacerle comprender aquello a una niña pequeña.
Y así, mientras los nuestros ni siquiera podían llevarles unas flores a sus seres queridos ni llorarles públicamente, los vencedores colocaban una placa en la iglesia de Torrellas y un monolito en el cementerio de Agreda, en memoria de los suyos, “caídos por Dios y por España”.
Pero los nuestros, como decimos aquí, no reblaron, no se rindieron. Mantuvieron viva la llama de su recuerdo y nos pasaron a nosotros, sus nietos y sus bisnietos esa misma llama. En nosotros está hoy la posibilidad no sólo de darles un digno entierro sino también de rehabilitar su memoria y su dignidad.
Ellos fueron valientes y comprometidos. Ellas, unas luchadoras. Nosotros no seremos menos.

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