Así rezaba el último parte de guerra del bando franquista leído con voz marcial por un actor. Su emisión por la radio ponía, teóricamente, punto final a aquella guerra fratricida, saldada con más de un millón de muertos, que fue la antesala de una larga dictadura de casi cuarenta años.
Desde entonces han transcurrido casi tantos años como los que tuvo la dictadura. Sin embargo, a día de hoy quedan decenas de miles de víctimas de la dictadura enterradas en las innumerables fosas comunes que cruzan el país igual que una cicatriz siniestra. Se dice de ellos que fueron enterrados dos veces. Entonces, por la Guerra Civil, y ahora, por las trabas burocráticas de todo signo político y la excusa de que “el olvido mejora la convivencia”.
Según la lista que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le entregó al juez Baltasar Garzón cuando éste inició una causa para investigar el paradero de los asesinados por los franquistas, el número de éstos se cifra al menos en 140.000 personas. Y no deja de crecer.
Mapa de la Memoria. En él se muestran, entre otras cosas, las fosas comunes conocidas. Pinchar en el vínculo para ver en detalle.Ya pudo comprobar el magistrado de la Audiencia Nacional nada más poner en marcha su proceso, al requerir a diversas instituciones datos sobre los desaparecidos y encontrarse con que esclarecer aquella matanza iba a ser difícil. Son muchos los recovecos legales en los que se ha basado la inmunidad de los represores o de sus cómplices pero lo peor es que una parte de la verdad quedó oculta en los años de la Transición y la blindan pactos como la Ley de Amnistía del año 1977, que es preconstitucional, o los Acuerdos suscritos en 1979 con el Vaticano.
La primera indultaba "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", y "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, los funcionarios y agentes del orden público (...) contra el ejercicio de los derechos de las personas". Los segundos sancionaban que el Estado respetaría "la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las curias episcopales, a las curias de los superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas".
El camino de quienes intentamos recuperar los restos de los nuestros está siendo, a causa de estas leyes de Punto Final, largo, solitario y tortuoso, puesto que las trabas legales que dificultan cualquier iniciativa al respecto son interminables y porque la ayuda oficial que hemos recibido por parte de los diferentes Gobiernos de la democracia ha sido más bien pequeña.
La última decepción, que fue muy dolorosa porque había levantado enormes expectativas, se produjo cuando el juez Garzón, que, entre otras cosas, les quería dar a las atrocidades del franquismo la categoría de crímenes contra la humanidad, un grado que evita que los delitos prescriban o sean amnistiados, fue sometido a una presión tan asfixiante a izquierda y derecha, tanto por parte del Fiscal General del Estado como de la sección más conservadora del Poder Judicial, que se vio obligado a inhibirse de la investigación en favor de los juzgados territoriales de los lugares en los que se encuentran algunas de las fosas conocidas, para que ellos decidan si siguen adelante o no.
La controvertida Ley de Memoria Histórica, en la que se dice que "el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión", se queda en la práctica en meras promesas que ofrecen, como mucho, "ayuda" o "cooperación". En realidad, la Ley dice que somos los familiares de las víctimas quienes debemos llevar a cabo las exhumaciones con nuestros propios medios, es decir con nuestro propio dinero, y se desentiende del tema dejando al criterio de cada Administración Autonómica o del gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos para que otorgue o no la autorización para que dichas exhumaciones puedan realizarse. El Gobierno contribuye con unas subvenciones testimoniales.
La primera indultaba "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", y "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, los funcionarios y agentes del orden público (...) contra el ejercicio de los derechos de las personas". Los segundos sancionaban que el Estado respetaría "la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las curias episcopales, a las curias de los superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas".
El camino de quienes intentamos recuperar los restos de los nuestros está siendo, a causa de estas leyes de Punto Final, largo, solitario y tortuoso, puesto que las trabas legales que dificultan cualquier iniciativa al respecto son interminables y porque la ayuda oficial que hemos recibido por parte de los diferentes Gobiernos de la democracia ha sido más bien pequeña.
La última decepción, que fue muy dolorosa porque había levantado enormes expectativas, se produjo cuando el juez Garzón, que, entre otras cosas, les quería dar a las atrocidades del franquismo la categoría de crímenes contra la humanidad, un grado que evita que los delitos prescriban o sean amnistiados, fue sometido a una presión tan asfixiante a izquierda y derecha, tanto por parte del Fiscal General del Estado como de la sección más conservadora del Poder Judicial, que se vio obligado a inhibirse de la investigación en favor de los juzgados territoriales de los lugares en los que se encuentran algunas de las fosas conocidas, para que ellos decidan si siguen adelante o no.
La controvertida Ley de Memoria Histórica, en la que se dice que "el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión", se queda en la práctica en meras promesas que ofrecen, como mucho, "ayuda" o "cooperación". En realidad, la Ley dice que somos los familiares de las víctimas quienes debemos llevar a cabo las exhumaciones con nuestros propios medios, es decir con nuestro propio dinero, y se desentiende del tema dejando al criterio de cada Administración Autonómica o del gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos para que otorgue o no la autorización para que dichas exhumaciones puedan realizarse. El Gobierno contribuye con unas subvenciones testimoniales.
Excavación de un fosa común de fusilados por los fascistas.La ley no contempla para nada la tutela judicial del levantamiento de fosas. La llamada Ley de Memoria Histórica reduce a las decenas de miles de muertos en fosas comunes a la condición de simples despojos, una recogida de basura pendiente. La legislación española tiene unos protocolos legales forenses y militares para cuando se encuentran cuerpos enterrados de personas asesinadas. Hay incluso unidades de la Guardia Civil que son formados para actuar en fosas comunes en zonas donde se han cometido crímenes de guerra. Todo está previsto en la legislación vigente de España y que recoge la legislación internacional sobre crímenes de guerra.
Sin embargo la Ley de Memoria Histórica ignora todo esto, lo cual tiene un nombre para muchos expertos juristas: prevaricación, hacer una ley aberrante a sabiendas de que incumple la legislación vigente de mayor nivel. Es pues una ley que apoya ocultar y destruir pruebas de un genocidio. Cada fosa abierta y cada cuerpo exhumado es una prueba de cargo contra el franquismo; si los jueces no intervienen en el proceso, esas pruebas desaparecen.
Entretanto, España permanece como una isla en el marco del derecho internacional. Ha intervenido judicialmente en los casos de las dictaduras chilena y argentina, pidiendo la extradición de Augusto Pinochet o condenando al ex militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, según Amnistía Internacional, "no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su propio país durante la Guerra Civil y el régimen franquista", lo que hace evidente la originalidad macabra de nuestro país, "que es el único caso donde no se ha avanzado prácticamente nada 70 años después de la Guerra Civil".
Muchos de los que somos hijos, nietos y bisnietos de aquellos que fueron asesinados por sus ideales somos conscientes de que, al exhumar los restos de los nuestros, apoyamos una ley que oculta pruebas, que legaliza crímenes, que ignora a las víctimas, que busca comprar nuestra aceptación del “punto final” con dinero y dividir con ello al movimiento por la Memoria.
Pero también vemos con tristeza que muchos de los hijos, de los descendientes directos ,van muriendo o son ya muy mayores. Es el llanto de los ancianos, de nuestras madres y padres, de nuestros abuelos y abuelas, lo que nos obliga a exhumar a los nuestros para darles una sepultura digna, un lugar donde sus hijos puedan, al fin, llevarles unas flores y honrarles como merecen.
Sin embargo la Ley de Memoria Histórica ignora todo esto, lo cual tiene un nombre para muchos expertos juristas: prevaricación, hacer una ley aberrante a sabiendas de que incumple la legislación vigente de mayor nivel. Es pues una ley que apoya ocultar y destruir pruebas de un genocidio. Cada fosa abierta y cada cuerpo exhumado es una prueba de cargo contra el franquismo; si los jueces no intervienen en el proceso, esas pruebas desaparecen.
Entretanto, España permanece como una isla en el marco del derecho internacional. Ha intervenido judicialmente en los casos de las dictaduras chilena y argentina, pidiendo la extradición de Augusto Pinochet o condenando al ex militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, según Amnistía Internacional, "no ha sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su propio país durante la Guerra Civil y el régimen franquista", lo que hace evidente la originalidad macabra de nuestro país, "que es el único caso donde no se ha avanzado prácticamente nada 70 años después de la Guerra Civil".
Muchos de los que somos hijos, nietos y bisnietos de aquellos que fueron asesinados por sus ideales somos conscientes de que, al exhumar los restos de los nuestros, apoyamos una ley que oculta pruebas, que legaliza crímenes, que ignora a las víctimas, que busca comprar nuestra aceptación del “punto final” con dinero y dividir con ello al movimiento por la Memoria.
Pero también vemos con tristeza que muchos de los hijos, de los descendientes directos ,van muriendo o son ya muy mayores. Es el llanto de los ancianos, de nuestras madres y padres, de nuestros abuelos y abuelas, lo que nos obliga a exhumar a los nuestros para darles una sepultura digna, un lugar donde sus hijos puedan, al fin, llevarles unas flores y honrarles como merecen.
Una mujer llora, desconsolada, ante el cuerpo de un fusilado. NOTA: Puede que se trate, en realidad,de una de las víctimas de un bombarbeo franquista sobre Lérida, según otra versión. Mantengo a pesar de las dudas la imagen ya que no deja de mostrar la desolación ante la muerte violenta de un ser querido.Muchos ancianos no pueden asumir la exhumación No se les puede pedir a personas de 80 años que busquen a un historiador, a un antropólogo, a un arqueólogo...Por fortuna para nosotros, diversas organizaciones que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica, se han venido encargando, de una manera prácticamente desinteresada, de las exhumaciones y posteriormente de la identificación, cuando es posible, de los restos.
Si hoy echamos la mirada unos pocos años atrás constatamos que, a pesar de todo, ha habido un avance del movimiento social por la recuperación de la memoria. Hemos conseguido entre todos una considerable presencia mediática, un buen número de resoluciones judiciales y algunos avances legislativos, poniendo el tema de los derechos y de la recuperación de la memoria de las víctimas republicanas y de la dictadura, en el centro del debate social, político, periodístico y jurídico.
Sin embargo hoy, más que nunca, tenemos que seguir demostrando que todo lo conseguido en estos años no es suficiente. Nos queda mucho camino que recorrer y tenemos que aprender de otros países como Alemania o Argentina.
Hasta que no se repare a las victimas, no se acometa la búsqueda de desaparecidos, no se recupere la memoria colectiva y social, no se asuma el reconocimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo y no haya una ruptura definitiva con el régimen de la dictadura, no podremos llegar a una reconciliación, ni siquiera a una normalización.
Porque el derecho a la Justicia y a la Verdad es irrenunciable.
Y porque nunca prescribe.
Si hoy echamos la mirada unos pocos años atrás constatamos que, a pesar de todo, ha habido un avance del movimiento social por la recuperación de la memoria. Hemos conseguido entre todos una considerable presencia mediática, un buen número de resoluciones judiciales y algunos avances legislativos, poniendo el tema de los derechos y de la recuperación de la memoria de las víctimas republicanas y de la dictadura, en el centro del debate social, político, periodístico y jurídico.
Sin embargo hoy, más que nunca, tenemos que seguir demostrando que todo lo conseguido en estos años no es suficiente. Nos queda mucho camino que recorrer y tenemos que aprender de otros países como Alemania o Argentina.
Hasta que no se repare a las victimas, no se acometa la búsqueda de desaparecidos, no se recupere la memoria colectiva y social, no se asuma el reconocimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo y no haya una ruptura definitiva con el régimen de la dictadura, no podremos llegar a una reconciliación, ni siquiera a una normalización.
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