
"Por España, y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos."
Aunque pronunciado siglos antes, este brindis de Diego Hernando de Acuña, capitán de los Tercios de Flandes, ilustra a las claras el odio cainita y el fanatismo religioso del ejército sublevado en 1936 hacia los "traidores rojos", hacia los vencidos.
En octubre de 1977 los principales partidos políticos de la izquierda española acordaron, con los responsables de la dictadura, dejar de lado el pasado y no exigir justicia para las miles de víctimas del franquismo. En el origen de la democracia que se recuperaba se inscribió una Ley de Amnistía que dotó de impunidad jurídica y política a todos los responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. Paradójicamente, la citada ley fue aprobada con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Comunista de España (PCE). Las dos formaciones políticas que deberían haber luchado por la reparación a las víctimas, consideraron que era más oportuno el establecimiento de una ley “de punto final”.
Militares, jueces, políticos y muchos más no hubieron de temer por su seguridad. Bien cubiertas sus espaldas, se dedicaron a engrosar las filas del llamado franquismo sociológico. Los fervorosos seguidores del Movimiento se convirtieron, de un día para otro, en demócratas de toda la vida. Y "aquí no ha pasado nada", se decían, siempre que no se nombrara la larga noche oscura del régimen.
Al margen de esos partidos políticos, en los últimos años se ha iniciado en España un proceso de recuperación de la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista. Se trata de un proceso estrictamente social, protagonizado principalmente por los hijos, nietos y los bisnietos de los republicanos que perdieron la guerra civil y padecieron la dictadura, que han decidido dignificar de forma colectiva su memoria familiar. Una generación que no participó en el pacto de silencio sobre el que se edificó la transición y se ha puesto en marcha para “olvidar el olvido”.

Sin embargo, se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Se da la circunstancia de que la Ley de Memoria Histórica la inventó un dictador, el mismísimo Franco, cuando sólo era un general golpista. El fue el primero en pedir un censo de desaparecidos de la guerra; el primero en encargar a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y el único en preservar por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Todo únicamente para las víctimas de su bando.
Durante los años posteriores a la guerra civil, entre 1939 y 1942, el general Franco ordenó la apertura de una gran investigación para determinar quiénes y cuántos habían sido “sus muertos” durante la guerra. Una fiscalía creada específicamente para ello, reunió toda esa información en lo que se conoce como Causa General.
Como consecuencia de ello, miles de muertos franquistas fueron exhumados y enterrados “en sagrado” en cementerios y sus familias recibieron numerosos beneficios por parte del Estado: puestos en la administración, becas para estudios y comercios que necesitaban una licencia administrativa, como estancos o administraciones de lotería. En la memoria de muchos de nosotros están tantos acomodadores de cine que por la mañana eran policías o tantos conserjes de centros públicos que debían su puesto al largo dedo franquista.

La dictadura de Franco recordó siempre su victoria en la Guerra Civil, llenando de lugares de memoria la geografía y la sociedad españolas. Ya antes de finalizar la guerra, un decreto de la Jefatura del Estado de 16 de noviembre de 1938 proclamaba "día de luto nacional" el 20 de noviembre, en memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera un día como ése de 1936, y establecía, "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas", que "en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de los Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista". Ese fue el origen de la colocación en las iglesias de placas e inscripciones conmemorativas de los "caídos por Dios y por la Patria", que el viajero puede ver todavía hoy pegadas o esculpidas en las viejas piedras de los templos religiosos de muchos lugares de España.
La consagración definitiva de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil llegó, no obstante, con la construcción del Valle de los Caídos, "el panteón glorioso de los héroes", como lo llamaba fray Justo Pérez de Urbel, catedrático de historia en la Universidad de Madrid, apologista de la cruzada y de Franco y primer abad mitrado de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El monumento fue inaugurado el 1 de abril de 1959, tras casi veinte años de construcción en la que trabajaron numerosos "rojos cautivos" y prisioneros políticos. Aquel era un lugar grandioso, para desafiar "al tiempo y al olvido", homenaje al sacrificio de "los héroes y mártires de la Cruzada".
Las viudas de estos “héroes y mártires” recibieron, desde 1936, generosas pensiones vitalicias, algo que las esposas del bando enemigo no lograron hasta 1979. Pero ni de lejos de la misma cuantía. Los investigadores han encontrado pensiones de más de 1.200 pesetas, una verdadera fortuna para aquella época en la España de la posguerra.
La piedad por los caídos no está reñida con el beneficio económico.
La consagración definitiva de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil llegó, no obstante, con la construcción del Valle de los Caídos, "el panteón glorioso de los héroes", como lo llamaba fray Justo Pérez de Urbel, catedrático de historia en la Universidad de Madrid, apologista de la cruzada y de Franco y primer abad mitrado de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El monumento fue inaugurado el 1 de abril de 1959, tras casi veinte años de construcción en la que trabajaron numerosos "rojos cautivos" y prisioneros políticos. Aquel era un lugar grandioso, para desafiar "al tiempo y al olvido", homenaje al sacrificio de "los héroes y mártires de la Cruzada".
Las viudas de estos “héroes y mártires” recibieron, desde 1936, generosas pensiones vitalicias, algo que las esposas del bando enemigo no lograron hasta 1979. Pero ni de lejos de la misma cuantía. Los investigadores han encontrado pensiones de más de 1.200 pesetas, una verdadera fortuna para aquella época en la España de la posguerra.

El dinero para sufragar dichas pensiones salió, en gran medida, del dinero y de los bienes que las comisiones de incautaciones robaron a las viudas de los republicanos asesinados. Y también de la explotación de miles de trabajadores esclavos, no sólo en el Valle de los Caídos, sino también en la construcción de carreteras, presas para embalses, puertos, fortificaciones,… Con la promesa de que así redimirían su pena, muchas empresas españolas se lucraron con los trabajos forzados de miles de personas.

Entretanto, los otros muertos, los miles y miles de “rojos e infieles” asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían, porque no se les había registrado o se había falseado la causa de su muerte "Fractura en la base del cráneo", "herida por arma de fuego", se escribió en los libros de defunción. Habían sido abandonados en descampados, montes, tapias de cementerios o fosas comunes, muchas de las cuales se han destruido con las obras de ampliación de los cementerios o de construcción de carreteras u otras obras públicas y privadas.
Por eso sus familias, sus hijos, nietos y bisnietos, todavía los buscan hoy, ayudados por diferentes asociaciones y foros para la recuperación de la memoria histórica. Sólo quieren un poco de recuerdo y dignidad, mucho menos de lo que obtuvieron las familias de los “mártires de la cruzada”, que dispusieron de cuarenta años para auto-reparar su memoria y a quienes aún hoy la iglesia católica se empeña en beatificar en aras de lo que entiende por “perdón y reconciliación”.
Los familiares exigimos que, para que se dé ese perdón y esa reconciliación debe derogarse la Ley de Amnistía de 1977, tomando las medidas legislativas adecuadas para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Una comisión de expertos independientes deberá encargarse de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en dichos períodos. Por último, aunque no por ello menos importante, exigimos la exhumación e identificación de los cuerpos de nuestros antepasados y una adecuada indemnización por habérnoslos arrebatado y por el sufrimiento ocasionado.
Hasta que no se abran las fosas no podrá cerrarse la herida.
Me he basado, en esta ocasión, en tres artículos periodísticos. El primero, Lo que queda del franquismo, de Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. El segundo, La guerra civil española. Olvidar el olvido, la recuperación de la memoria histórica en España, de Santiago Macías, Vicepresidente de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).Por último, el artículo de Natalia Junquera Franco inventó la Memoria Histórica, del cual salió la inspiración para esta entrada.
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